Decir que estamos viviendo momentos de crisis y cambio, a estas alturas, no es ninguna novedad. La situación generada por la propagación del COVID-19 está alterando profundamente las estructuras sociales y económicas a nivel global.
Nos encontramos afrontando un escenario incierto, no sólo en el aspecto sanitario sino también en todo lo que respecta a la activad económica y el empleo. Ya desde la segunda mitad de 2019, la economía apuntaba hacia una fase de agotamiento y el impacto de la pandemia ha venido a incrementar el grado de incertidumbre, además del actual impacto que estamos viviendo.
En la situación actual, lo esperable es que el impacto que estamos encajando sea mucho mayor en el futuro cercano, con una situación sanitaria que se ha visto superada en sus hipótesis de partida y el convencimiento de que la actividad económica tendrá que convivir durante mucho tiempo con medidas sanitarias, como el confinamiento, que le afectarán considerablemente, incluso con la posible estacionalidad y nuevos brotes de la pandemia que ya empieza a apuntarse desde el sector sanitario.
En estos momentos, en los que todos los analistas dudan en el posible modelo y plazo de recuperación, las relaciones sociales, la movilidad nacional e internacional y la forma de trabajar quedarán fuertemente influenciadas por la respuesta que se acabe dando a los retos que tenemos por afrontar en el corto y medio plazo. Todos tendremos que adaptarnos a una nueva forma de vivir, trabajar y relacionarnos.
Lo que sí es seguro es que el impacto a corto plazo en el empleo y en la actividad económica está siendo muy duro, y lo seguirá siendo en los próximos meses, sino años. En este ámbito, las medidas de carácter más estructural corresponden al ámbito laboral y de la seguridad social, la financiación a empresas y familias y a la fiscalidad. De esta forma, casi todas las administraciones van dando pasos para poner en marcha medidas y acciones que ayuden, primero, a amortiguar el impacto de la crisis motivada por el Covid-19 y, luego, a reactivar la actividad económica y el empleo.
Entre las acciones a realizar, en ese escenario de reactivación económica, se encuentra el refuerzo de la política industrial y de los sectores estratégicos, ya que se ha comprobado la conveniencia y necesidad de mantener un tejido industrial moderno y competitivo y unos sectores estratégicos que permitan afrontar estos momentos de dificultad con garantías, así como apalancar el esfuerzo en las posteriores fases de necesario crecimiento económico.
Partiendo de esta premisa, con el objetivo de impulsar la salida de esta crisis, estamos viendo que el mundo de la ciencia, la innovación y el sector empresarial están desplegando esfuerzos para apoyar la emergencia y las acciones de los gobiernos a una gran velocidad, ya que los desafíos que estamos afrontando subrayan la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación como determinantes para cualquier escenario de salida de la crisis y reactivación económica.
En este ámbito, corresponde al Sector Público, a todos los niveles de la Administración, articular instrumentos y políticas de apoyo y estímulo de la tecnología y la innovación como driver fundamental de crecimiento económico. La situación actual ha demostrado la necesidad de disponer de capacidades tecnológicas y productivas con cadenas de suministro más cortas y seguras. Todos hemos visto la reinvención de negocios e industrias locales para satisfacer en tiempo récord la necesidad pública de material sanitario frente al desabastecimiento que se ha producido a escala global del mismo, desde la impresión 3D de respiradores a la producción masiva de las muy necesarias mascarillas. Es un claro ejemplo de como un reto desde el sector público puede activar a nivel local todo un ecosistema productivo y ciertamente innovador.
Este impulso desde el sector público ya se está produciendo mediante diversas medidas. Por un lado, tenemos la flexibilización en la gestión de fondos estructurales europeos, orientándolos hacia el sector sanitario y el crecimiento económico y del empleo. Por otro, tenemos las diversas convocatorias y ayudas a la innovación empresarial que se han lanzado para el desarrollo de soluciones tecnológicas para la Covid-19. A ello se suman numerosas iniciativas para la movilización de capacidades de innovación territorial en la lucha contra la pandemia. Pero todas estas iniciativas deben completarse con una decidida apuesta por la compra pública de innovación, como instrumento que permita resolver los muchos desafíos que tienen actualmente y tendrán en el futuro cercano las distintas administraciones para garantizar la calidad de los servicios públicos, la resiliencia de las estructuras administrativas y el impulso de los ecosistemas locales de innovación. Así lo sugiere la propia Comisión Europea en sus recomendaciones sobre contratación pública en el contexto de la emergencia sanitaria.
La compra pública de innovación es una metodología de contratación que, partiendo de las necesidades del servicio público, estimula la inversión de los agentes del sector privado, empresas y centros de investigación, en la Administración Pública, creando nuevas oportunidades de negocio tanto para emprendedores como para empresas consolidadas. Además, es un instrumento de mejora de la competitividad y sostenibilidad en el ámbito local, puesto que se generan economías más sólidas y, a la vez, más innovadoras en sectores de especial interés para el entorno. Es, por tanto, responsabilidad de los gestores públicos utilizar este instrumento para desarrollar sectores concretos, como se viene comprobando en la situación actual de crisis sanitaria.
Es por ello que el Instituto Tecnológico de Informática (ITI), con el acompañamiento de SILO como entidad especialista en estas estrategias de innovación pública y con la financiación de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI), está apostando por incorporar la compra pública de innovación en su dinámica de articulación de ecosistemas innovadores, realizando labores de formación y difusión de esta metodología para impulsar la oferta de innovación y tecnología al sector público valenciano, con el objetivo de reforzar la propuesta de valor del Sistema Valenciano de Innovación (SVI) para superar los duros momentos que estamos viviendo.
