Es bastante probable que durante los últimos años hayas oído hablar de la Agenda 2030. Desde su aprobación en 2015, ha ido colándose poco a poco en casi todos los ámbitos de nuestra vida: desde la justificación de proyectos alineándonos con los conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible, hasta leyes que llaman la atención, como la prohibición de la purpurina o de las patatas con sabor a jamón. A veces, estas medidas pueden parecer decisiones sacadas de un despacho sin mucho contacto con la realidad, pero lo cierto es que suelen basarse en estudios e investigaciones a nivel internacional.
Todo esto forma parte de una tendencia de cambio, donde la sostenibilidad ha dejado de ser algo marginal para convertirse en un criterio transversal, llegando incluso a detalles tan concretos como el de los microplásticos en los polvitos brillantes. En este contexto, aparece el Reglamento de Ecodiseño de Productos Sostenibles (ESPR, por sus siglas en inglés), una de las últimas iniciativas de la Comisión Europea para avanzar hacia una economía más circular. No es la primera vez que se legisla en esta dirección: ya en 2009 se publicó una directiva centrada en productos que consumen energía. La diferencia es que ahora se amplía el foco y se pretende aplicar a prácticamente cualquier producto físico que llegue al mercado.
Tradicionalmente, el modelo adoptado para avanzar hacia una sociedad más sostenible se ha basado en la famosa estrategia de las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Ahora, el ESPR ha triplicado este enfoque con la estrategia de las 9R. Se incorporan nuevas erres como: Rechazar, evitar productos poco sostenibles desde su diseño ; Repensar, rediseñar para que duren más; Reparar, Reacondicionar y Reconstruir; y Recuperar, como incinerar residuos para obtener energía. En conjunto, las 9R promueven una fabricación y consumo más inteligentes, prolongar la vida útil de los productos y proponer usos para materiales descartados.
Estos requisitos no son la única responsabilidad del ESPR. También obliga a que los organismos públicos europeos compren versiones más sostenibles de bienes y servicios. Incluye medidas para prohibir la eliminación de productos no vendidos, especialmente en textil y calzado, y abriendo este camino para nuevos sectores. Finalmente, y lo más importante para nosotros, introduce el Pasaporte Digital de Producto (PDP): una identidad digital para productos, componentes y materiales con su información relevante. El reglamento no detalla qué debe incluir ni cómo aplicarlo técnicamente, solo marca ciertos requisitos.
En términos generales, dichos requisitos se centran en garantizar un acceso seguro y controlado a los datos del pasaporte por parte de los distintos agentes involucrados en el ciclo de vida del producto. Además, esta información debe ser auténtica, mantenerse íntegra y estar disponible durante toda la vida útil del producto. Por ejemplo, si hoy en día alguien adquiere un teléfono móvil de segunda mano —como una mítica Blackberry a través de Wallapop— debería poder verificar si el dispositivo es auténtico, consultar su historial de reparaciones y conocer las instrucciones para su reciclaje. Todo ello, incluso aunque el fabricante original ya no exista — Blackberry desapareció en 2016— y pudiendo asegurar siempre la fiabilidad de la información consultada.
El concepto del pasaporte digital de producto, por muy bien que suene, está generando muchas dudas y problemas, principalmente debido al poco detalle del ESPR. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que su implantación será progresiva, pero, como se verá ahora, lenta. En un principio, se estableció como objetivo que estuviera en funcionamiento para finales de 2025 en el caso de las baterías —aunque por ahora ya se ha retrasado a 2027— y, más tarde, se iría extendiendo a otros sectores cada tres años.
Esto plantea preguntas clave, como: ¿dónde está el límite? ¿Necesitará incluso el herrete de un cordón su propio pasaporte digital? En muchos casos, el coste de implementar y mantener este pasaporte podría superar con creces el valor del propio producto. Este es uno de los principales motivos por los que es tan complejo legislar un pasaporte común aplicable a todos los sectores. Las diferencias entre áreas industriales son enormes y, con ellas, también sus necesidades y requisitos.
Por ejemplo, en el caso de la energía —el primer sector objetivo— es especialmente relevante realizar un seguimiento por unidad de batería. Solo el año pasado, Europa importó casi un millón de toneladas de baterías de litio, un material altamente contaminante si no se recicla adecuadamente. En cambio, no tiene sentido aplicar el mismo nivel de seguimiento a cada tornillo que se fabrique. Por este motivo, el ESPR permite elegir la granularidad de los pasaportes, o sea, si estos hacen referencia a una unidad, lote o modelo de producto. En este caso, la ambigüedad del reglamento es una ventaja.
Y ahora, ¿qué pinta ITI en todo esto? En ITI llevamos ya varios años trabajando en proyectos centrados en identidad autosoberana y en el uso de tecnologías blockchain. No vamos a meternos ahora en los detalles técnicos —porque este artículo se nos iría de largo— pero, si os interesa, podéis echar un vistazo a las entradas del blog donde lo explicamos con calma. Pues bien, como ya hemos mencionado, el PDP es, básicamente, una identidad digital para los productos que recoge información clave sobre ellos. Justo esa referencia a la identidad digital fue lo que nos hizo sumarnos a esta línea de trabajo. Gracias a esa experiencia que hemos acumulado, creemos que estas tecnologías encajan perfectamente lo que el ESPR pide para los futuros pasaportes digitales. Algún lector avispado podría comentar que eso de las blockchain y el ahorro energético no es que vayan de la mano —por poner en contexto, Bitcoin consumió en 2024 unos 150 TeraVatios-hora, aproximadamente tres veces el gasto energético de Portugal. La respuesta es que no todas las blockchain son iguales: Bitcoin consume más que un país pequeño, sí, pero existen muchas otras que gastan lo justo para mantener sus servidores, ya que no necesitan minería de criptomonedas.
Esta propuesta de pasaporte digital basado en identidad autosoberana y blockchain es el trabajo que estamos realizando bajo el proyecto OMEGA y es nuestra contribución a esa investigación internacional necesaria que mencionábamos al principio. No solo nosotros creemos que es una buena apuesta, sino también empresas valencianas en el sector del calzado y las baterías, las cuales han decidido colaborar en el próximo proyecto para llevar nuestra solución a escenarios reales. Por último, si eres una empresa interesada, Reflexiona sobre esta idea y Recuerda que estamos aquí para ayudarte a Resolver tus retos.
